EL CASO JUANA RIVAS

Después de las vacaciones (los que hayan podido tenerlas) no queda más remedio en este blog que escribir sobre lo que ha sido y sigue siendo, el culebrón del verano que ha sido el “caso Juana Rivas” para todos los que nos dedicamos entre otras cosas a temas de Derecho de familia.

Todo el mundo creo que tiene conocimiento del asunto debido a la gran repercusión mediática que al mismo se le ha dado: una mujer española casada con un señor italiano y con domicilio legal en Italia, que se viene a España con sus dos hijos y después se niega a regresar a Italia y a devolver a los niños alegando unos presuntos malos tratos mediante una denuncia que presenta en Granada y  añadiendo que su marido ya fue condenado por un delito de malos tratos hace siete años.

Hasta aquí podría ser hasta normal y tendría una cierta lógica que una madre no quisiera entregar a sus hijos, si no existiera una resolución judicial firme que obligaba a la madre a entregar a sus hijos al padre de acuerdo a lo establecido en la legislación española y en los tratados y convenios internacionales suscritos por España y en concreto el Convenio de la Haya.

La actitud de Juana Rivas diciendo que no acata la resolución judicial porque según ella perjudica a sus hijos no deja de sorprenderme.

Las resoluciones firmes de los juzgados y tribunales españoles están para cumplirse  y no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes  que las acepte o no, independientemente de que se esté de acuerdo con ella o no se esté.  No creo que haya ninguna persona condenada  en un juicio o procedimiento (civil, penal, administrativo, fiscal) que admita que el fallo de la sentencia es justo, todos claman por esa injusticia, y, o bien la recurren a instancias superiores o bien no les queda más remedio que acatarlas , esa es la finalidad del estado de derecho en el que nos movemos en países democráticos como  Italia y España.

Lo contrario, el desacato/incumplimiento de las sentencias como ha hecho Juana y el decidir que no se cumple lo juzgado porque “no me interesa, no estoy de acuerdo, o perjudica a mis hijos” según una interpretación lógicamente partidista de la situación y que sin embargo ha calado en la opinión pública, nos llevaría al caos jurídico en caso de seguirse el ejemplo, ya que cada uno podría hacer hipotéticamente lo que le viniese en gana despreocupándose de las consecuencias o tratando de poner a la opinión publica a su favor y en contra de lo que dictaminan los jueces y tribunales únicos en este país para hacer y ejecutar lo decidido por ellos , aunque no siempre sean acertadas sus decisiones, pero hay otros medios para combatir lo que consideramos que no se ajusta a derecho o que es una injustica desde nuestro punto de vista y que prevé la legislación de todos los países democráticos como son los recursos contra esas resoluciones e incluso las querellas criminales contra los que han dictado resoluciones a sabiendas que las mismas son injustas.

El hecho concreto es que otra madre con dos hijos ha desaparecido con los menores  cuando tenía obligación de entregarlos a su padre y si imaginamos que esto se pone de moda el caos jurídico que se iba a producir iba a ser de los que hacen época.

No entro en lo acertado o no de las resoluciones judiciales ya que no tengo elementos de juicio suficientes (aun así tendría que acatarlas por imperativo legal) pero sí creo que ese no es el camino y que al final los perjudicados son los menores que tienen que estar escondiéndose como si fueran delincuentes y con toda seguridad sin entender nada de lo que está pasando.

El final de la historia todo el mundo lo conoce también, después de tanta cobertura mediática no ha tenido más remedio que  acatar la resolución judicial  (se exponía incluso a entrar en la cárcel si no la cumplía) y entregar los menores al padre, al igual  que la otra madre que siguió su ejemplo y que afortunadamente rectificó a tiempo, pero el ejemplo dado de incumplimiento de sentencias y no aceptación de las mismas y de insumisión judicial no creo que sea para enmarcarlo. Como decía el catedrático de Derecho Penal Enrique Gimbernat en un artículo publicado en el mundo “Juana no está en mi casa” y tengo que añadir siendo legalista, que en la mía tampoco.

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